Afín al actual presidente Nayib Bukele, el Congreso de El Salvador aprobó una reforma que permite la reelección presidencial indefinida, además de extender el periodo de gobierno de cinco a seis años.
La medida ha generado preocupación dentro y fuera del país. En un contexto político donde Bukele -reelecto recientemente y en el poder desde 2019- controla prácticamente la totalidad de los poderes del Estado, el oficialismo ha avanzado sin obstáculos en sus reformas institucionales. Esta última modificación a la Constitución, que sincroniza las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, ha sido duramente criticada por la oposición y varios gobiernos extranjeros, que la consideran un paso hacia la consolidación de un régimen que han llamado incluso autoritario.
Con casi el 100% del parlamento bajo el control oficialista, mientras que la bandada opositora es cada vez más pequeña. Una de sus representantes, la diputada Marcela Villatoro, declaró: “Hoy ha muerto la democracia en El Salvador. Se quitaron las máscaras”, calificando el día como catastrófico para el país.
Es importante destacar que, a pesar de las críticas, Bukele mantiene altos niveles de aprobación popular, en buena parte gracias a su ofensiva contra las pandillas, lo que ha reducido considerablemente los índices de violencia en uno de los países más peligrosos de Centroamérica. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que estas políticas han estado marcadas por la represión, la censura y violaciones a derechos fundamentales, especialmente contra periodistas, activistas y sectores críticos del gobierno.
Entre ovaciones y advertencias, El Salvador reescribió este martes su futuro político. Lo que para unos es estabilidad, para otros es el inicio de un régimen sin frenos. Y mientras tanto, ¿la democracia?
